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304 mil hogares son víctimas de extorsión

La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) alertó que, a dos años de la implementación del estado de excepción como parte del Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión y Delitos Conexos, 304 mil hogares hondureños son víctimas de extorsión, un incremento de 74,126 desde 2022.

El informe “Extorsión bajo la lupa: a dos años del estado de excepción” detalla que la tasa de victimización creció de 9 % en 2022 a 11.6 % en 2024.

El gobierno de Xiomara Castro inició el estado de excepción el 6 de diciembre de 2022 como una medida contra la extorsión y lo ha prorrogado 16 veces. Sin embargo, esta estrategia enfrenta cuestionamientos, ya que tres de cada 10 hondureños aseguran sentirse menos seguros.

Además, mientras los hogares afectados aumentan, las denuncias y detenciones por extorsión han disminuido drásticamente de 1,922 denuncias en 2021 a una proyección de 484 en 2024, y de 461 detenciones a solo 175 este año.

El informe también señala que ocho departamentos, liderados por Intibucá, han registrado los mayores incrementos en tasas de victimización.

A esto se suma que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) documentó más de 600 denuncias de violaciones a derechos humanos relacionadas con el estado de excepción hasta septiembre de 2024.

La ASJ insta al gobierno a fortalecer el Plan Antiextorsión, garantizar los derechos ciudadanos y restituir las garantías constitucionales.

finalmente, propone estrategias que ataquen las causas estructurales de la extorsión, fortalezcan las instituciones y fomenten la denuncia de este delito.

En los últimos dos años, ocho departamentos del país, incluyendo Intibucá, Choluteca y Atlántida, han experimentado los mayores aumentos en tasas de victimización, con Intibucá liderando con un 18.22 %.

Preocupa además que, hasta septiembre de 2024, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) reportó más de 600 denuncias por violaciones a los derechos humanos vinculadas al estado de excepción.

Por otra parte, según expertos consultados, de las 30 acciones contempladas en el Plan Antiextorsión, solo cinco han sido implementados parcialmente, como la creación de mesas técnicas interinstitucionales y la capacitación de operadores de justicia. Sin embargo, acciones clave, como el fortalecimiento de unidades de inteligencia y reformas al Código Penal, siguen pendientes.

Ante los resultados de la medida, ASJ propone fortalecer y ejecutar el Plan Antiextorsión de manera integral, involucrando a todos los actores clave: Policía Nacional, fiscales, jueces, sector financiero, comunicaciones y sociedad civil.

Además, enfatizó en la necesidad de garantizar la protección de los derechos ciudadanos, poniendo fin al estado de excepción como medida permanente y restituyendo las garantías constitucionales, así como implementar estrategias que aborden las causas estructurales de la extorsión, fomentando la confianza en las instituciones y promoviendo la denuncia.

Finalmente, el informe concluye que se debe mejorar e implementar el Plan Antiextorsión, combatir la extorsión de manera integral y restaurar los derechos de los hondureños.