En una declaración sin precedentes, el fiscal general de la República, Johel Zelaya, ordenó a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) ingresar a las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) para recolectar pruebas relacionadas con graves señalamientos entre los tres consejeros del órgano: Ana Paola Hall, Cossette López y Marlon Ochoa.

Según Zelaya, existen denuncias por “conspiración” y “extorsión” entre los propios miembros, situación que—según el funcionario—amenaza el desarrollo de las elecciones generales previstas para el próximo 30 de noviembre.

Zelaya instruyó la inmediata citación de los tres consejeros para declarar ante el Ministerio Público. Advirtió que deben comparecer sin dilación, y que de ignorar el llamado, se aplicarán las medidas legales correspondientes. “No vamos a permitir que el proceso electoral se detenga”, sentenció.

Además, calificó los hechos como un intento deliberado de sabotaje al calendario electoral y ordenó el decomiso de documentación por parte de la ATIC. “El que se oponga, deténgalo”, dijo al director de la agencia, dejando clara su postura ante posibles obstrucciones.

El fiscal también denunció que los consejeros estarían respondiendo a intereses externos ajenos a la institucionalidad democrática. “No nos interesa si son altos funcionarios, ellos van a pagar”, afirmó.

Exhortó a fortalecer el Sistema de Transmisión de Resultados (TREP) conforme a ley, asegurando que “el pueblo merece elecciones libres, limpias y sin manipulación”.

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