La diputada por Copán del Partido Libertad y Refundación (Libre), Isis Carolina Cuéllar Erazo, reapareció en el Congreso Nacional en medio de fuertes cuestionamientos por su presunta participación en el desvío de fondos de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).
El caso, revelado por auditorías del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), expone el uso irregular de más de cinco millones de lempiras del Fondo de Administración Solidaria (FAS), destinados a beneficiar a familiares, aliados políticos y alcaldes liberales.
La polémica se reavivó luego de que el exministro de SEDESOL, José Carlos Cardona, denunciara en redes sociales que Cuéllar estaría “lista para negociar impunidad con su voto” dentro del Legislativo.
Cardona aseguró además que la diputada recibió el control de las credenciales en Copán y que, tras su renuncia, el gobierno le envió camiones de bono tecnológico, los cuales fueron distribuidos entre alcaldes de su círculo político.
El informe del TSC, remitido al Ministerio Público, detalla que Cuéllar utilizó a terceros para cobrar cheques y canalizó recursos de manera discrecional, contraviniendo la normativa que regula el FAS.
Pese a la gravedad de las acusaciones, hasta la fecha no se han presentado requerimientos fiscales contra la diputada, lo que ha generado críticas de sectores sociales y organizaciones de transparencia que señalan un patrón de impunidad en casos de corrupción política.
La reaparición de Cuéllar en el hemiciclo legislativo ocurre en un momento clave, cuando el Congreso discute reformas electorales y presupuestarias.
Su presencia ha sido interpretada por analistas como un intento de reafirmar poder político pese a las investigaciones en curso.
Mientras tanto, la ciudadanía exige que el Ministerio Público actúe con celeridad y que se garantice justicia en un caso que simboliza la fragilidad institucional frente al saqueo de fondos públicos.
El escándalo de SEDESOL, que involucra a varios diputados, se mantiene como uno de los episodios más delicados de la actual administración, reflejando la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de fiscalización y sanción para evitar que los recursos destinados a programas sociales terminen en manos de redes clientelistas.
InformandoHN 
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