La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) presentó un informe en el que documenta presuntas violaciones graves a los derechos humanos ocurridas en Honduras durante 2025, bajo el marco del estado de excepción decretado por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro.

De acuerdo con el documento, se registraron ocho casos de desapariciones forzadas, cinco de tortura, tres ejecuciones extrajudiciales y dos muertes bajo custodia estatal. Los hechos habrían involucrado a agentes de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, quienes actuaron amparados en las facultades extraordinarias otorgadas por la medida de excepción.

La ONU explicó que para elaborar el informe se realizaron 82 misiones de verificación en distintas zonas del país, incluyendo 19 visitas a centros penitenciarios. Además, se sostuvieron reuniones con autoridades gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y víctimas directas de los abusos.

El informe señala que varias de las violaciones denunciadas ocurrieron durante allanamientos y detenciones sin orden judicial, prácticas que se intensificaron en el marco de la estrategia de seguridad.

Según el ACNUDH, estas acciones vulneran garantías fundamentales reconocidas en tratados internacionales de derechos humanos.

Organizaciones locales han advertido que el estado de excepción, aunque buscaba enfrentar la violencia y el crimen organizado, abrió la puerta a abusos sistemáticos.

Líderes comunitarios y defensores de derechos humanos han pedido que se investigue y sancione a los responsables, subrayando que la seguridad no puede lograrse a costa de la dignidad y la vida de las personas.

El gobierno hondureño, por su parte, ha defendido la medida como necesaria para recuperar el control en zonas afectadas por la criminalidad, aunque reconoció la importancia de revisar protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad.

La publicación del informe reaviva el debate sobre el equilibrio entre seguridad y derechos humanos en Honduras, y plantea un desafío para las instituciones encargadas de garantizar justicia y reparación a las víctimas.

Deja un comentario

Tendencias