El Congreso Nacional de Honduras admitió la denuncia de juicio político contra el fiscal general, Johel Antonio Zelaya Álvarez, y aprobó su suspensión temporal del cargo con 93 votos a favor.
La decisión fue tomada en medio de un ambiente tenso, marcado por silbatos y gritos de la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre), que se opuso a la medida.
Mientras dure el proceso legislativo, el puesto será asumido de manera interina por el fiscal adjunto, Marcio Cabañas, hasta que se nombre una comisión especial encargada de dar seguimiento al caso. La medida marca un giro en la conducción del Ministerio Público y abre un nuevo capítulo en la confrontación política dentro del Legislativo.
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, informó que la votación contó con el respaldo de los diputados del Partido Nacional, Partido Liberal, Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD) y Democracia Cristiana.
Según Zambrano, este bloque parlamentario coincidió en la necesidad de dar trámite a la denuncia, que se fundamenta en actuaciones consideradas contrarias a la Constitución y en presunta negligencia en el desempeño del cargo.
La suspensión de Zelaya ocurre en un contexto de alta polarización política y de cuestionamientos sobre la independencia de las instituciones.
El juicio político será conducido por el pleno legislativo, que deberá analizar las pruebas y determinar si existen méritos suficientes para una destitución definitiva.
Con esta decisión, el Congreso Nacional envía un mensaje de firmeza institucional, aunque la medida también profundiza las tensiones entre las fuerzas políticas y abre un debate sobre el futuro del Ministerio Público y la estabilidad democrática del país.
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