La integrante del pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, afirmó que existen suficientes elementos para que el Ministerio Público interponga un requerimiento fiscal contra el exconsejero Marlon Ochoa, tras los acontecimientos que marcaron la crisis del proceso electoral de 2025.
López sostuvo que la destitución de Ochoa mediante juicio político no es suficiente y que sus actuaciones podrían configurar delitos.
“La justicia humana no resarce el daño psicológico ni las situaciones que uno atravesó”, expresó en entrevista con el noticiero Hoy Mismo.
La consejera señaló que no fue llamada como testigo en la audiencia de descargo contra Ochoa, aunque aseguró que enviará documentación. Recalcó que el juicio político contra los cuatro funcionarios suspendidos no constituye una venganza, sino un proceso de justicia.
Según López, existió una estrategia de desestabilización para impedir la declaratoria oficial de las elecciones generales de 2025, lo que derivó en daños personales y afectaciones institucionales.
Acusó al Partido Libertad y Refundación (Libre), a través de Ochoa, de intentar secuestrar las elecciones y socavar la democracia.
La funcionaria denunció que Libre buscó apoderarse de las instituciones de forma ilegítima, instrumentalizando al Ministerio Público y a la Procuraduría General de la República para perseguir a las consejeras.
Además, calificó de “cínico” que se niegue la coordinación de colectivos para boicotear el sistema de transmisión de resultados electorales (TREP).
López relató que personas encapuchadas la interrogaron bajo presión y que una fiscal de delitos electorales mantenía reuniones directas con Ochoa.
También reveló que una candidata presidencial solicitó encarcelar a las consejeras “aunque fuera por un día” para favorecer intereses políticos.
Finalmente, sostuvo que Ochoa no puede desvincularse del daño causado a ella, su familia y al país, al intentar paralizar el proceso electoral con apoyo de empleados afines del CNE.
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