*** Gabriela Castellanos exige límites para funcionarios con litigios pendientes y advierte que serán revelados públicamente más casos similares

La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, encendió las alarmas sobre una práctica que considera inaceptable en la administración pública hondureña: funcionarios que mantienen demandas judiciales activas contra el Estado y al mismo tiempo perciben salario del erario nacional.

El caso más emblemático señalado por Castellanos es el del director de Aduanas, Marco Tulio Abadie, quien según el expediente 0801-2022-03224 del Juzgado de lo Laboral, mantiene una demanda activa contra el Estado. «No es el primero ni es el único», advirtió la funcionaria, dejando claro que el problema trasciende un caso aislado.

Ante esta situación, Castellanos propuso establecer límites claros para quienes deseen incorporarse o continuar en la administración pública, señalando que la Procuraduría General de la República (PGR) tiene una alta responsabilidad en la revisión y control de estas contrataciones.

Además, instó a los funcionarios involucrados a conciliar y resolver sus situaciones contractuales pendientes.

La titular del CNA extendió su advertencia al proceso de selección de aspirantes al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Tribunal de Justicia Electoral (TJE), donde candidatos con demandas contra el Estado no deberían ser considerados. Reveló que el CNA ya identificó varios casos que serán dados a conocer públicamente en los próximos días.

En materia de política anticorrupción, Castellanos reconoció avances en la construcción de una estrategia nacional integral con cinco ejes fundamentales, pero admitió que Honduras enfrenta debilidades estructurales históricas.

En este proceso participan el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Comisión Nacional de Banca y Seguros, el Tribunal Superior de Cuentas, la academia y la sociedad civil.

Finalmente, la funcionaria advirtió sobre el riesgo de que ciertas partidas presupuestarias se conviertan en espacios de opacidad, comprometiendo la vigilancia activa del CNA mediante veedurías y pronunciamientos para garantizar el uso transparente de los recursos públicos.

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