*** Nace la nueva Agencia Nacional contra el Crimen y cero impunidades desde las cárceles
El Congreso Nacional dio un contundente golpe legislativo contra la extorsión al aprobar en sesión ordinaria, con el respaldo unánime de cinco bancadas, un paquete integral de reformas al Código Penal que endurece las penas, crea nuevas instituciones de combate al crimen y fortalece el control del sistema penitenciario, en respuesta a uno de los delitos que más daño causa a la economía popular y a la seguridad ciudadana del país.
El diputado Marco Paz explicó que las reformas contemplan penas de hasta 20 años de prisión para quienes cometan delitos relacionados con la extorsión, una de las amenazas más graves que enfrentan transportistas, comerciantes y pequeños empresarios en distintas zonas del territorio nacional.
Adicionalmente, las nuevas disposiciones establecen sanciones específicas para quienes utilicen uniformes o indumentaria policial con fines delictivos, una práctica que ha facilitado numerosos crímenes en el país.
Uno de los puntos más trascendentales del paquete aprobado es la creación de la Agencia Nacional contra el Crimen, una nueva entidad especializada cuyo propósito central será reforzar las labores de investigación y desmantelar las estructuras del crimen organizado que operan en Honduras.
Las autoridades confían en que esta institución mejorará significativamente la coordinación entre los organismos de seguridad e inteligencia del Estado, cerrando los vacíos operativos que han permitido la proliferación de redes extorsivas.
Las reformas también abordan una deuda histórica del Estado hondureño: el fortalecimiento del Instituto Nacional Penitenciario (INP), entidad que en reiteradas ocasiones ha sido señalada por su débil control sobre los centros penales, desde los cuales investigaciones han documentado que estructuras criminales siguen coordinando extorsiones y otros delitos con total impunidad.
Finalmente, el paquete legislativo ratifica el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Secretaría de Seguridad a través de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), consolidando el modelo de seguridad combinada que el Estado hondureño ha implementado en los últimos años para enfrentar la violencia en los territorios más afectados del país.






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