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La Comisión Técnica Liquidadora reveló que encontraron presuntas irregularidades en el manejo de fondos destinados al bono para emigrantes retornados durante la administración anterior, señalando a exempleados de la Secretaría de Desarrollo Social como posibles responsables.

Mario Celín Simón Perla, miembro de la comisión, afirmó que alrededor de 38 millones de lempiras habrían sido retirados en efectivo desde Banadesa, mediante cheques cobrados por personas vinculadas a la entonces Sedesol, detalló en el programa 30-30, de TSI.

«Diferentes empleados iban con un cheque a Banadesa, agarraban el dinero en efectivo, un millón y así sucesivamente», explicó durante la entrevista televisiva.

Los fondos, destinados exclusivamente a hondureños retornados desde el extranjero que recibían un incentivo aproximado de 100 dólares al ingresar al país, habrían sido trasladados posteriormente hacia la Costa Norte, San Pedro Sula y otros sectores. Los retiros oscilaban entre 250 mil y un millón de lempiras en cada operación.

Las inconsistencias salieron a la luz al cruzar los listados oficiales de beneficiarios con los registros migratorios.

«Muchos de esos beneficiarios no aparecen en el listado oficial de migrantes retornados durante el año pasado», afirmó Simón Perla, quien también cuestionó públicamente el destino final del dinero.

La comisión trabaja junto al Consejo Nacional Anticorrupción y la Asociación para una Sociedad más Justa para establecer responsabilidades y determinar quién autorizó los retiros. En el mismo espacio televisivo, Ángel Antonio Mendoza Velásquez, coordinador de la Comisión Técnica Reguladora, informó que el cierre y reestructuración de diversas instituciones estatales mediante el decreto 04-2026 ha generado un ahorro superior a los 5,767 millones de lempiras. Entre las dependencias eliminadas o fusionadas figuran Sedecoas, la Secretaría de Transparencia y otros programas gubernamentales, mientras el FHIS quedará adscrito a la Secretaría de Infraestructura y Transporte.