La Comisión de Defensa del Congreso Nacional emitió un dictamen favorable a una iniciativa de ley orientada a fortalecer las sanciones contra quienes atenten contra miembros de las Fuerzas Armadas, cuerpos de seguridad y operadores de justicia en el ejercicio de sus funciones.
La propuesta, presentada por el presidente del Congreso, Tomás Zambrano, plantea incorporar tres nuevos artículos al Código Penal con el objetivo de castigar con mayor severidad los delitos cometidos contra policías, militares, agentes penitenciarios, investigadores criminales, fiscales, jueces, magistrados y servidores judiciales cuando los ataques estén vinculados a sus funciones o busquen afectar la autoridad del Estado.
El presidente de la Comisión de Defensa, Kilvett Bertrand, explicó que la iniciativa incorpora una nueva sección dentro de los delitos contra las instituciones del Estado, denominada “Atentado contra instituciones y cuerpos de seguridad”.
“La modificación o la adhesión al Código Penal lo que busca es fortalecer la protección penal de servidores públicos encargados de la seguridad ciudadana, la investigación criminal y la impartición de justicia”, expresó Bertrand, diputado nacionalista por Francisco Morazán.
Según detalló, el nuevo artículo 540-A establece prisión perpetua para quien dé muerte a miembros de las Fuerzas Armadas, cuerpos de seguridad del Estado, agentes policiales, agentes penitenciarios, investigadores criminales, fiscales, jueces, magistrados y servidores judiciales por razón de su cargo o con la finalidad de afectar la autoridad estatal.
“Es un cambio que demuestra la voluntad política que se tiene en este Congreso Nacional para luchar por la paz y la tranquilidad de Honduras”, afirmó Bertrand.
La iniciativa también incorpora el artículo 540-B, que sanciona con penas de entre 20 y 25 años de prisión los actos preparatorios para cometer estos delitos, incluyendo conspiración, proposición o provocación.
Además, contempla un aumento de la pena cuando participen grupos delictivos organizados y castiga la oferta o contratación de sicarios para ejecutar estos atentados.
Por otra parte, el artículo 540-C establece penas específicas para los delitos en grado de tentativa, con condenas que van desde los 20 hasta los 28 años de prisión, dependiendo del nivel de ejecución del hecho.
COMBATEN EL CRIMEN
Durante la reunión, Bertrand señaló que la propuesta busca brindar un respaldo legal a quienes diariamente enfrentan estructuras criminales y participan en labores de seguridad e impartición de justicia.
“Es una demostración de la voluntad política y de la intención que tenemos de salvaguardar la vida de todas aquellas personas que con su uniforme y con sus funciones luchan a diario por salvaguardar la vida de todos los hondureños”, manifestó.
Indicó que la iniciativa forma parte de un conjunto de reformas orientadas a reforzar la lucha contra el crimen organizado y enviar un mensaje de respaldo a los operadores de seguridad y justicia.
“Queremos darle un espaldarazo también a todos los que día a día, policías, militares, fiscales y jueces, luchan contra el crimen organizado para que sepan los delincuentes que si llegan a tocar a una de estas personas van a ser sancionados severamente”, expresó.
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