La Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendió la orden de captura y la alerta internacional que pesaban contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, en una decisión que marca un giro decisivo dentro del proceso judicial conocido como Pandora II y que abre la puerta a su regreso al país.
El juez natural del caso declaró con lugar la entrega voluntaria del exmandatario y programó la audiencia de declaración de imputado para el próximo 3 de agosto. «Mi representado comparecerá conforme a lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia», confirmó el abogado defensor Mario Cárdenas.
La defensa adjuntó boletos aéreos con fecha de llegada prevista para el 31 de julio de 2026, documentos con los que busca acreditar la intención del exmandatario de regresar a Honduras y comparecer ante las autoridades judiciales. Cárdenas sostuvo que la solicitud buscaba no solo la revocatoria de la orden de captura, sino también la suspensión de cualquier restricción migratoria que impidiera el ingreso de su cliente al territorio nacional.
Hernández había sido extraditado a Estados Unidos el 22 de abril de 2022 y condenado a 45 años de prisión el 26 de junio de 2024 en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por cargos relacionados con tráfico de drogas y armas. No obstante, recuperó su libertad el 1 de diciembre de 2025, tras recibir un indulto del presidente Donald Trump.
El Ministerio Público lo acusa en Honduras por los delitos de fraude y lavado de activos. La investigación de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) sostiene que una red de exfuncionarios intervino en desembolsos públicos superiores a 288 millones de lempiras, y que Hernández habría recibido al menos 62 millones para financiar actividades políticas.
Entre las estructuras señaladas figuran los grupos «Azules Unidos» y «Amigos de JOH», identificados como plataformas políticas que habrían recibido recursos públicos desviados originalmente a programas agrícolas.
El proceso tomó nueva relevancia después de que Hernández recuperara su libertad en Estados Unidos, toda vez que el indulto presidencial no modificó las investigaciones abiertas en Honduras, las cuales continúan bajo la competencia de los tribunales nacionales.
Tras conocerse la resolución, Hernández reaccionó en redes sociales y expresó gratitud a Dios, a su familia y a quienes lo apoyaron durante lo que llamó «un largo y doloroso camino», afirmando que la decisión del Poder Judicial ratifica su voluntad de someterse al proceso.
El caso Pandora II entra así en su fase más crítica, con un expresidente que se dispone a pisar suelo hondureño por primera vez en cuatro años, esta vez no como detenido, sino como imputado que comparecerá voluntariamente ante la justicia de su país.
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