La División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) de la Policía Nacional analiza la posibilidad de sacar de circulación las mototaxis en Honduras, al considerar que parte de este rubro ha sido infiltrado por estructuras criminales que operan en distintas ciudades del país.
El director de la DAET, Jorge Daniel Molina Gálvez, alertó sobre los elevados niveles de infiltración del crimen organizado dentro de este sector del transporte. El funcionario policial precisó que diversos grupos delictivos operan de manera estructurada y con un alto porcentaje de control sobre estas unidades a nivel nacional.
«Hay estructuras en las mototaxis y están filtradas de una manera poderosa y en un porcentaje alto», refirió el funcionario policial. Recordó además que las mototaxis operan de forma ilegal en el entorno urbano, ya que no cuentan con las concesiones ni los permisos correspondientes emitidos por el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT).
«Tenemos que atacar ese problema y poder dejarlos fuera de circulación», expresó Molina, quien dijo que mantiene comunicación con autoridades del IHTT para definir acciones conjuntas.
Las declaraciones se dieron luego del asesinato del conductor de transporte urbano Juan Carlos López, ocurrido esta semana en Comayagüela, caso en el que, según las investigaciones preliminares, los atacantes habrían utilizado una mototaxi para movilizarse y darse a la fuga.
La problemática no es aislada. Molina reveló que una misma ruta del transporte público ha sido víctima de cobros de extorsión hasta en tres ocasiones por distintas estructuras criminales que operan simultáneamente o en competencia sobre un mismo sector, afectando a transportistas y usuarios por igual.
Como parte de su nueva estrategia, la DAET también busca ir más allá de las capturas individuales y golpear directamente las finanzas de estas organizaciones, dando seguimiento a los movimientos de dinero que sostienen sus operaciones ilícitas.
La propuesta de retirar las mototaxis de circulación generó la reacción del sector. El dirigente Pablo Pérez consideró que las autoridades deben investigar y sancionar a quienes cometan delitos, pero pidió no generalizar ni responsabilizar a todo el gremio. Según explicó, miles de familias dependen de esta actividad para obtener ingresos, y reiteró la necesidad de que el Estado avance en la regulación y legalización del rubro para facilitar un mayor control sobre las unidades que prestan este servicio en el país.
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