La economista Amparo Canales, expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), cuestionó la permanencia de la Tasa de Seguridad Poblacional y pidió al Estado buscar mecanismos para eliminar gradualmente este cobro, al considerar que castiga el ahorro y el consumo de los hondureños sin que existan resultados visibles en materia de seguridad.
La exdirigente recordó que los fondos de esta contribución —que grava con 0.3% los depósitos, retiros y transferencias, además del uso de tarjetas de crédito— fueron comprometidos por administraciones anteriores hasta 2029 y 2030. Según cifras oficiales, la «Tasa de Seguridad» ha recaudado más de 13,885.8 millones de lempiras desde 2022, la mayor parte destinada a las secretarías de Seguridad y Defensa.
«Desafortunadamente, en periodos anteriores estos recursos se comprometieron hasta 2029 o 2030, pero hay que recordar que el origen de la tasa es sobre ahorros y tarjetas de crédito, y eso es castigar el consumo; realmente no se ven resultados concretos», expresó Canales.
La economista cuestionó que, tras años de recaudación, persistan dudas sobre el destino final de los recursos, y recordó que algunas personas han enfrentado procesos judiciales por su presunto uso irregular. A su juicio, esa falta de resultados ha debilitado la confianza ciudadana, por lo que urgió a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.
Canales planteó que el Estado debe trazar una ruta hacia la desaparición progresiva del cobro, siempre que se garanticen fuentes alternas de financiamiento para la seguridad. Insistió en que los hondureños tienen derecho a conocer, con claridad, en qué se han invertido los fondos aportados durante más de una década.
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