La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el oficialismo, avanza en la preparación de una nueva reforma constitucional que busca dar sustento legal a la orden emitida por el dictador Daniel Ortega de que en el país «no volverá a haber elecciones».
La reforma será aprobada en septiembre de 2026 e incluirá «pocos» cambios respecto a los publicados en febrero de 2025, aunque marcará «un vuelco definitivo» del sistema político nacional, según juristas nicaragüenses en el exilio.
La iniciativa también contempla ampliar el período presidencial de seis a siete años «prorrogables», además de extender a siete años el mandato de los jefes del Ejército y la Policía.
La propuesta fue presentada apenas nueve días después de que Ortega planteara eliminar las elecciones en el país que gobierna desde 2007.
El dictador, de 80 años, ha declarado además «inaplicable» el artículo constitucional que impedía su reelección indefinida.
La medida ha generado un fuerte rechazo internacional. El Gobierno de Panamá llamó a consultas a su embajador en Managua, calificando la supresión del voto como «un fuerte agravio» a los principios democráticos, mientras Costa Rica expresó «profunda preocupación» por el cierre de espacios cívicos en el país.
El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, acusó a Ortega de mostrar su «verdadera naturaleza autoritaria» y sostuvo que el mandatario y su esposa, la copresidenta Rosario Murillo, han «abandonado incluso la apariencia de contar con el consentimiento popular».
Por su parte, Amnistía Internacional urgió a la comunidad internacional a no reconocer ni normalizar «la supresión de este derecho» como una decisión soberana de carácter interno.
El texto completo de la reforma aún no ha sido divulgado oficialmente por el régimen ni por la Asamblea Nacional.
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