El expresidente Juan Orlando Hernández (2014–2022) reafirmó que su equipo legal mantiene la posición de inocencia en el proceso penal que se sigue en su contra por presuntos delitos de fraude y lavado de activos en el denominado caso Pandora II.
Hernández explicó que, tras revisar el requerimiento fiscal y las pruebas presentadas por el Ministerio Público, concluyó que las pericias no establecen una trazabilidad que lo vincule directamente con los recursos señalados en la acusación. “Nunca cometí los delitos que se me imputan”, sostuvo el exmandatario.
El exgobernante también argumentó que una resolución de la Corte de Apelaciones ratificó una carta de libertad definitiva por el delito de fraude a favor de otros encausados, criterio que, según su interpretación, debería aplicarse a su caso.
La defensa presentó pruebas testimoniales, documentales y el análisis de un consultor experto para respaldar su posición. Hernández calificó el proceso como una “persecución política”, asegurando que buscará demostrarlo durante las distintas etapas del juicio.
El portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carlos Silva, recordó que el juez de garantías dictó medidas distintas a la detención judicial, como la prohibición de salir del país y la obligación de rendir informes semanales, en aplicación del artículo 173 del Código Penal.
Hernández regresó a Honduras el pasado 26 de julio, luego de que en 2022 fuera extraditado a Estados Unidos, donde fue condenado en 2024 a 45 años de prisión por delitos relacionados con narcotráfico. Esa sentencia fue indultada en diciembre de 2025 por el presidente estadounidense Donald Trump, lo que permitió su retorno para enfrentar nuevos procesos judiciales en el país.
El caso Pandora II continúa generando expectativa en la opinión pública, al involucrar a exfuncionarios y políticos en presuntas operaciones de corrupción que habrían desviado fondos estatales hacia campañas electorales.
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