Diversas organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos solicitaron al Gobierno hondureño declarar una emergencia migratoria nacional tras la reciente cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos, medida que afecta a miles de compatriotas que residían bajo ese beneficio.
El TPS, que durante años permitió a hondureños trabajar y vivir legalmente en territorio estadounidense, fue suspendido en medio de un giro en las políticas migratorias.
La decisión deja en incertidumbre a más de 55.000 hondureños, quienes ahora enfrentan el riesgo de deportación y la pérdida de estabilidad económica para sus familias.
Las organizaciones argumentan que la cancelación del programa tendrá un impacto directo en las remesas, que representan más del 25 % del PIB nacional, y advierten que la presión sobre el mercado laboral interno podría agudizar la crisis social.
“La situación requiere medidas urgentes para garantizar la reinserción de los retornados y evitar un colapso humanitario”, señalaron en un comunicado conjunto.
El Gobierno, por su parte, informó que analiza alternativas diplomáticas y programas de apoyo para los migrantes que podrían regresar en los próximos meses.
Sin embargo, líderes comunitarios insisten en que la respuesta debe ser inmediata y con carácter de emergencia, incluyendo asistencia psicológica, vivienda temporal y oportunidades de empleo.
La cancelación del TPS también ha generado protestas en ciudades estadounidenses con alta presencia de hondureños, como Houston, Miami y Nueva York, donde se exige al Congreso norteamericano revisar la medida.
La incertidumbre migratoria se suma a los desafíos internos del país, que ya enfrenta problemas de desempleo, violencia y falta de oportunidades, lo que convierte la situación en un tema de alto impacto nacional.
InformandoHN 
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