La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) denunció que entre 2023 y 2025 el Congreso Nacional canalizó 1,837 millones de lempiras del Fondo de Administración Solidaria a través de una línea presupuestaria pensada para gastos de emergencia, sin mecanismos de transparencia ni control. Aunque instituciones como SEDESOL, el FHIS y la Secretaría de Gobernación figuran como ejecutoras, ASJ encontró que en la práctica eran los propios diputados quienes gestionaban directamente la entrega de beneficios en las comunidades.
El fondo, creado en 2023, autorizó hasta 950 millones anuales para becas, obras sociales e infraestructura menor, categorías ampliadas en 2025 con cupones alimenticios, kits tecnológicos e insumos médicos.
Solo en 2024 se ejecutaron 898.5 millones.
Sin embargo, ninguna entidad ha remitido los informes de liquidación exigidos por ley, y SEDESOL admitió no haber liquidado fondos ni conocer el proceso a seguir.
De los más de 187 millones en cupones alimenticios, apenas el 37% ha sido liquidado. Más de 53 millones fueron entregados por 26 diputados, todos de Libertad y Refundación. En becas estudiantiles, 50 legisladores gestionaron más de 110 millones en cerca de 22,000 becas, encabezados por el exdiputado Rasel Tomé, con 29 millones en 5,801 becas, y Hugo Rolando Noé Pino, con 25.7 millones en 5,142 becas.
ASJ también documentó casos de beneficiarios que negaron haber recibido la ayuda reportada. De los diputados vinculados a estas gestiones, 24 resultaron reelectos, un patrón que la organización asocia al uso de fondos públicos como herramienta electoral.
«Ninguna institución fue capaz de decirnos con certeza cómo se liquidaron estos fondos», señaló Juan Carlos Aguilar, de ASJ, quien pidió una Ley de Administración de Subvenciones y prohibir que los diputados intermedien en la entrega de ayudas públicas.
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