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El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA), Héctor Benjamín Valerio Ardón, aseguró este lunes que la institución está preparada para respaldar las nuevas estrategias que defina el Consejo de Defensa y Seguridad en el combate a las estructuras criminales.

Ardón afirmó que las Fuerzas Armadas acatarán cualquier resolución que adopte el Consejo y pondrán a disposición sus recursos logísticos y personal para cumplir las misiones asignadas, conforme a la Constitución de la República.

«Las Fuerzas Armadas siempre cumpliendo la normativa de la Constitución de la República, en apoyo a otras instituciones del Estado», expresó, y destacó que la institución cuenta con la Policía Militar del Orden Público (PMOP) para ejecutar operaciones de seguridad.

El jerarca militar explicó que el Consejo de Defensa y Seguridad analizará destinar mayores recursos a la PMOP, ya que cada intervención u operación de los organismos de seguridad genera gastos adicionales. No obstante, aseguró que las Fuerzas Armadas pueden responder con el personal y la logística actualmente disponibles mientras las autoridades definen las necesidades presupuestarias, y señaló que ya se hará frente a la situación con lo que tienen mientras avanza ese análisis.

Por su parte, el director de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), Daniel Molina, informó que las autoridades estudian la creación de secciones microterritoriales en determinados sectores del país para ampliar las capacidades operativas contra el crimen organizado. Según explicó, la propuesta forma parte de las acciones que evalúa el Consejo de Ministros, en el marco de la posible declaratoria de «terroristas» para ciertos grupos criminales, e indicó que el planteamiento del ministro Gerzón Velásquez busca un decreto de sección microterritorial que otorgue mayores facultades operativas en zonas donde operan grupos ilícitos.

Molina recordó además que en mayo el Congreso Nacional reformó el artículo 587 del Código Penal, estableciendo los requisitos para considerar como asociaciones terroristas a determinadas estructuras delictivas, y precisó que corresponderá al Consejo de Ministros realizar las declaratorias correspondientes y fijar el fundamento legal para fortalecer las acciones contra estas organizaciones.