San Pedro Sula, Cortés. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial contra los Delitos Tributarios y Conexos (FE-CDTC) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) en su regional del norte, ejecutó este jueves una serie de inspecciones en dos locales comerciales por presunta defraudación fiscal.

Las diligencias se derivan de denuncias ciudadanas que alertaban sobre la distribución y comercialización irregular de un producto farmacéutico, específicamente un potenciador sexual de origen colombiano, el cual habría ingresado al país sin cumplir con los requisitos legales establecidos.

De acuerdo con los investigadores, el producto no cuenta con el registro sanitario emitido por la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA), lo que representa un riesgo para la salud pública y una violación a la normativa vigente.

Además, se presume que la mercancía fue introducida al territorio nacional mediante mecanismos de contrabando, evadiendo los controles aduaneros y fiscales.

Durante las inspecciones, los equipos de la ATIC realizaron levantamiento de evidencias, documentación fotográfica y entrevistas con los responsables de los establecimientos, con el objetivo de determinar la magnitud de la irregularidad y establecer responsabilidades penales. Los productos decomisados serán remitidos a laboratorios especializados para su análisis técnico y confirmar si cumplen con estándares mínimos de calidad y seguridad.

El Ministerio Público reiteró que estas acciones forman parte de una estrategia integral para combatir la defraudación fiscal y el contrabando de medicamentos, prácticas que afectan la economía formal y ponen en riesgo la salud de los consumidores. Asimismo, se hizo un llamado a la población para adquirir únicamente productos farmacéuticos en farmacias autorizadas y verificar que cuenten con registro sanitario vigente.

Con estas diligencias, las autoridades buscan enviar un mensaje claro: la comercialización irregular de medicamentos no será tolerada y quienes incurran en estas prácticas enfrentarán las consecuencias legales correspondientes.

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