El exalcalde de Tocoa, departamento de Colón, Adán Fúnez, y dos hombres vinculados al asesinato del ambientalista y regidor Juan López, fueron capturados en operativos simultáneos de las fuerzas policiales hondureñas, marcando un hito histórico en la lucha contra la impunidad en la zona caribeña del país y enviando un mensaje contundente de que nadie está por encima de la ley.

Los otros dos detenidos son Héctor Eduardo Méndez Pérez, conocido como «Teto», empresario de la zona, y Juan Ángel Ramos Gallegos, quien presuntamente coordinó operativamente el ataque contra la víctima mediante pruebas técnicas y testimonios fundamentales que sustentaron las capturas.

El titular de la Secretaría de Seguridad, Gerson Velásquez, desde La Ceiba, calificó este operativo como el logro más relevante bajo su gestión actual, superando incluso la desarticulación de bandas peligrosas como el Cartel del Diablo, destacando el poderoso mensaje de legalidad que envía a toda la sociedad hondureña.

«Ningún crimen debe tener protección y la instrucción política que tenemos es ir por cualquiera independientemente de su ideología», afirmó el funcionario con firmeza.

Velásquez reconoció que históricamente existieron sectores favorecidos por la impunidad sistémica, pero enfatizó que bajo la actual administración esa realidad cambió radicalmente.

El ministro detalló que existen evidencias contundentes que relacionan los intereses de los capturados con el crimen del ambientalista, permitiendo avanzar en la judicialización de quienes habrían planificado y financiado su asesinato.

«Estamos dándole una respuesta incluso a la comunidad internacional y a su santidad el Papa, que se pronunció en su momento», subrayó Velásquez, reafirmando que la justicia hondureña responde ahora a los intereses sociales y no a los poderosos.

La captura representa un alivio profundo para la sociedad civil, organizaciones ambientalistas y la comunidad internacional, ya que el crimen de Juan López corría el riesgo de caer en el olvido.

Los implicados fueron sometidos a chequeos médicos antes de ser trasladados a los tribunales correspondientes, garantizando total transparencia y apego irrestricto al debido proceso constitucional.

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