Choluteca. – El Ministerio Público de Honduras, a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), ejecutó este 1 de julio la denominada Operación Jaguar, una ofensiva interinstitucional dirigida a debilitar el poder económico de la organización criminal conocida como «Los Domínguez«, presuntamente vinculada al narcotráfico y al lavado de activos.

La acción, desarrollada en los departamentos de Choluteca y Valle, contó con la coordinación de la Policía Nacional de Honduras a través de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) y la Oficina Policial de Investigaciones Financieras (OPIF). Las autoridades destacaron que este operativo representa un nuevo golpe a las economías ilícitas y evidencia el compromiso de las instituciones de seguridad y justicia en el combate frontal contra la criminalidad organizada.

Como resultado de las diligencias, autorizadas previamente por los órganos jurisdiccionales competentes, fueron asegurados 228 bienes valorados en más de 420 millones de lempiras, cuyo origen no guarda relación con la capacidad económica lícita de las personas investigadas. Entre los bienes intervenidos se contabilizaron 113 bienes muebles, 14 inmuebles, 20 sociedades mercantiles y 81 productos financieros, entre ellos cuentas bancarias y certificados de depósito, presuntamente utilizados para administrar, ocultar y legitimar recursos provenientes de actividades ilícitas.

Durante varios meses, la ATIC, como órgano auxiliar especializado del Ministerio Público, realizó análisis patrimoniales, financieros y de inteligencia criminal que permitieron documentar el esquema utilizado para el lavado de activos. En paralelo, los fiscales de la FESCCO dirigieron la investigación penal, promovieron las acciones judiciales correspondientes y garantizaron la legalidad de toda la evidencia obtenida durante el proceso.

El Ministerio Público subrayó que el éxito de la operación fue posible gracias al trabajo conjunto con la Policía Nacional, que integró capacidades operativas, investigativas y de inteligencia de distintas dependencias, entre ellas la Unidad de Inteligencia Patrimonial (UIP), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE) y la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF). Esta articulación permitió ejecutar de manera simultánea allanamientos, aseguramientos y otras diligencias en distintos sectores del país.

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