En un enérgico pronunciamiento institucional que eleva la temperatura del conflicto laboral que paraliza la red sanitaria del país, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) exigió una intervención administrativa inmediata por parte del Poder Ejecutivo para frenar el abandono de las consultas y cirugías en los centros asistenciales del Estado.
La postura corporativa fue oficializada por el director ejecutivo de la cúpula empresarial, Armando Urtecho López, quien demandó de forma imperativa a la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS) el envío inmediato de inspectores a las salas de los hospitales públicos para proceder con el levantamiento de actas de infracción y la deducción de responsabilidades legales en contra de los huelguistas.
Urtecho fundamentó técnicamente su petición en el marco jurídico nacional, recordando que el ordenamiento legal hondureño prohíbe de forma taxativa la suspensión de brazos caídos en áreas sensibles de la administración pública.
“Hay un Código del Trabajo que establece de forma pericial que el servicio de sanidad es un servicio esencial de la patria. Yo le pido públicamente al secretario de Trabajo que actúe, que haga cumplir la ley y que levante las actas correspondientes contra quienes están paralizando el servicio médico en el país, sin importar las críticas que pueda recibir por sus decisiones”, manifestó de manera tajante el representante empresarial, Armando Urtecho.
Lanzó severos dardos hacia la junta directiva del Colegio Médico de Honduras (CMH), acusando a sus cabezas de anteponer intereses particulares e ideológicos por encima del bienestar físico de las familias de escasos recursos.
“El cártel que dirige el Colegio Médico debería de ponerse la mano en la conciencia de una vez por todas; con estas tomas de brazos caídos no están perjudicando al Gobierno, están perjudicando y castigando directamente al pueblo hondureño más humilde”, sentenció con visible molestia Urtecho López.
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